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La renta antigua echa el cierre y se lleva por delante miles de comercios emblemáticos

En la calle Valverde 49, equina con la calle Colón, muy cerca de la calle Fuencarral y a apenas 10 minutos a pie de la Gran Vía, los ventanales de los escaparates de la papelería Plaka anuncian "Liquidación total por cierre" después de cuatro décadas. A escasos metros, en la calle San Joaquín 14, otro negocio, Bar Lozano, no tiene nada que liquidar; solamente las despedidas con sus clientes de toda la vida, los que cada día desde hace cuarenta años se tomaban allí el café de la mañana.

Las caras de los propietarios lo dicen todo: están resignados. Han luchado hasta el final pero han perdido la batalla. Las puertas de ambos negocios cerrarán definitivamente el 31 de diciembre. Un día después, el 1 de enero de 2015, se extinguirán por ley muchos arrendamientos de locales suscritos con anterioridad al 9 de mayo de 1985, es decir, los denominados de renta antigua.

"He intentado negociar con ellos. Pero se han cerrado en banda. Ahora mismo pago 800 euros de alquiler pero estoy dispuesta a pagar hasta 5.000. Me piden 6.000 euros, una cantidad que no puedo asumir vendiendo cartulinas", se lamenta su propietaria, que prefiere mantenerse en el anonimato. El dueño del local es una congregación cristiana, dueña también de las viviendas de todo el edificio. "No atiende a razones y no quiere negociar", se lamenta.  

Resignado y abatido encontramos también al dueño del bar Lozano. A punto de jubilarse, todas las mañanas abre el local, al que acude puntualmente para ayudar a su hijo. "He trabajado prácticamente toda mi vida aquí y mi hijo lo hace desde hace más de treinta años. Pagamos 400 euros por el alquiler del local y el dueño nos pide 2.500 que, más el IVA, se van a 3.000. He estado haciendo cuentas y podríamos pagar hasta 1.500 euros trabajando muchas más horas y sin un solo descanso semanal. Pero el dueño no quiere. Imagino que habrá preguntado por los bares de la zona y no está dispuesto a cobrarme menos", se lamenta. El 31 de diciembre echará definitivamente el cierre y su hijo se sumará a las listas del paro.

Las uvas de estos dos negocios serán muy amargas puesto que supondrán dejar atrás toda una vida. Pero el final de esta ley de arrendamientos antiguos no sólo afecta a negocios pequeños y familiares, también a los más emblemáticos. El  Café Central cerrará también sus puertas a pesar de a ser un reconocido sitio de jazz en Madrid. Ellos tampoco pueden asumir la subida del alquiler. "Pagamos 5.000 euros al mes pero el mercado dice que esto vale 12.000. Nosotros no podemos abonar eso", cuenta uno de los socios y fundadores del local de jazz, Geraro Pérez. 

O la tienda Así, ubicada en Gran Vía. Después de 72 años y cuatro generaciones vendiendo muñecas en plena artería madrileña también tendrá que desaparecer. Pagan 10.000 euros mensuales pero el propietario, de origen extranjero, podría pedirles 50.000. "No hemos podido hacer nada para cambiar esa situación porque el casero nos mandó una carta diciendo que no nos quería renovar", explica Pepa Eznarriaga, propietaria de la tienda junto a sus dos hermanos. Tienen otras tres tiendas en Madrid, pero no podrán reubicar a sus ocho empleadas, que irán directamente a las listas del paro. "Que estudien caso por caso, porque yo tengo la renta actualizada, estoy generando puestos de trabajo, estoy produciendo empresa española y debemos salvaguardar lo nuestro".

Pepa podrá tener su tienda abierta hasta el 10 de enero para poder terminar de vender su juguetes para los Reyes Magos y desalojar por completo el local.

La causa de los cierres

Pero, ¿por qué tendrán que echar el cierre? La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 estableció una moratoria de 20 años para finiquitar los llamados arrendamientos antiguos, un plazo que finaliza, precisamente, el 1 de enero de 2015. La disposiciones transitorias 1ª, 2ª y 3ª de la LAU fijan la fecha de finalización de cada contrato de renta antigua dependiendo del tipo de inmueble, de las posibles transmisiones o traspasos de los contratos y de la personalidad jurídica del inquilino.

"La finalización de los contratos de renta antigua afectan única y exclusivamente a personas jurídicas, a  sociedades, en ningún caso a particulares o autónomos", explica a El Confidencial Marta García Hernández, coordinadora de productos y diversificación de Tinsa, que estima que los inquilinos pasarán a pagar entre cinco y siete veces más de alquiler. "En las principales arterias de Madrid se está pagando tranquilamente más de 100 euros el metro cuadrado, mientras que en los contratos de renta antigua difícilmente se pagan más de 10". 

"Y son, precisamente, los primeros a los que afecta el fin de la renta antigua ya que estamos a punto de cumplir 20 años desde la entrada en vigor de la ley. No obstante, hay excepciones ya que si el contrato fue traspasado a un tercero entre 1984 y 1994 o si la actualización de la renta exigida en la LAU se abonó íntegramente en el primer mes. En ambos casos, el plazo se incrementa en 5 años, hasta el 1 de enero 2020".

Hay todo tipo de locales afectados. Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes, bares, talleres de reparación de vehículos... Negocios, la mayor parte, incapaces de soportar unos incrementos tan fuertes de los alquileres. 

Cierre definitivo

"Muchos negocios situados en el centro de Madrid, en el casco antiguo están abocados a la desaparición. Solamente los locales dedicados a la restauración tienen alguna oportunidad de mantenerse a flote con el fuerte aumento de las rentas. Pero, por ejemplo, una mercería no genera los suficientes ingresos como para aguantar la subida. Son actividades que se han quedado muy obsoletas en función del tipo de demandante que suele recorrer a diario estas calles", apunta Marta García.

"En el caso de los particulares, es decir, cuando es un individuo quien firmó el alquiler  y no una persona jurídica, la renta antigua se extinguirá cuando se jubile o bien, cuando muera, salvo que se subrogue su cónyuge y continúe la misma actividad desarrollada en el local". Aunque hay excepciones, porque si subrogó el contrato a uno de sus descendientes, la fecha de extinción del mismo es el 31 de diciembre de 2014, mientras que si el contrato se traspasó a un tercero entre 1984 y 1994, entonces el plazo se incrementa en 5 años, hasta el 1 de enero de 2020.

Precisamente uno de los negocios a salvo del fin de la renta antigua  es la mercería situada en el número 19 de calle Corredera Baja de San Pablo. Muy cerca también del negocio de cartulinas y del Bar Lozano. Su inquilino, que prefiere permanecer en el anonimato, seguirá pagando lo mismo mes a mes.

Los propietarios, por su parte, aparecen ante la opinión pública como los malos de la película, como los culpables del cierre de estos negocios. No quieren que se les identifique, no desean aparecer en los medios. Son la otra cara de la moneda: el arrendador que ha estado percibiendo unas rentas muy por debajo del mercado. "El problema es que no quieren negociar, bien porque quieren unos ingresos que somos incapaces de pagar o porque su intención es vender sin 'bicho' dentro", se lamenta la propietaria de la tienda de cartulinas.  

"Quitarle los derechos a unos para dárselos a otros (los propietarios) me parece injusto, es un retroceso", apunta Pepa, de la tienda de juguetes. "La Administración tenía que estudiar la ley porque muchos somos comercios emblemáticos. Las calles van a perder su encanto".

El casco histórico de todas las ciudades se enfrentará en los próximos meses a importantes cambios. No en vano, Tinsa cifra entre 65.000 y 85.000 los inmuebles potencialmente afectados en España, "a los habría que sumar los locales y viviendas que podrían quedar desocupadas a medio plazo por una cuestión demográfica, aunque el inquilino disfrute de una renta de carácter vitalicio. Han transcurrido casi tres décadas desde 1985 y los inquilinos originales podrían estar próximos a la jubilación", concluye Marta García. 

Fuente: El Confidencial -27/12/2014