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La Ley de Vivienda vasca que defiende el alquiler social y penaliza los pisos vacíos entra en vigor mañana

Empieza la cuenta atrás. La Ley de Vivienda vasca, que confiere un mayor margen de actuación a las instituciones públicas para que garanticen el derecho a la vivienda, entra en vigor mañana.

Entre las medidas estrella que contempla la nueva normativa destaca el respaldo al alquiler social como un derecho reivindicable de los ciudadanos ante los tribunales y exigible a los poderes públicos.  

Según publica El Diario Vasco, "el texto consagra el derecho subjetivo a una vivienda en alquiler para quienes no dispongan de un domicilio habitable y estén en riesgo de caer en situación de exclusión social". Por ejemplo, que disponga de una renta baja y que lleve inscrito al menos cuatro años en el servicio de vivienda vasco (Etxebide).  

Ahora bien, su aplicación será gradual. Desde mañana, este derecho solo será efectivo para los hogares de tres miembros con menos de 15.000 euros anuales de ingresos.

En el segundo año de vigencia de la ley, el derecho se ampliará a las familias de dos miembros y menos de 12.000 euros de ingresos y, en el siguiente, a las unidades convivenciales con ingresos inferiores a 9.000 euros. Los demás, dice el diario, "tendrán que esperar al desarrollo reglamentario de la ley".

De momento, se espera que el texto no esté a pleno rendimiento hasta dentro de cuatro años. Ese es el tiempo que se baraja para que la normativa tenga un impacto real en la sociedad local y para que el Gobierno local desarrolle los reglamentos necesarios.

Por ejemplo, la normativa contempla la posibilidad de aplicar un canon a los pisos vacíos, aunque estos se deberán delimitar. Se especula con que podría ser de entre 10 y 30 euros por m2 para las viviendas que lleven vacías al menos dos años y no se trate de segundas residencias o casas deshabitadas por razones laborales o salud.

Otro de los reglamentos que se deberán desarrollar es el relacionado con el alquiler entre propietarios privados. Se pretende que la fianza que el arrendatario paga por el alquiler de un piso no se lo quedará el arrendador, sino la Administración.

Con esta medida, dice el diario, se pretende garantizar que el aval sea devuelto una vez que concluya el contrato entre ambas partes y, mientras tanto, que sirva para invertir en materia de vivienda.

Esos no son los únicos escenarios polémicos de la Ley de Vivienda vasca. Otro de los puntos es que el texto no ha contado con el apoyo de todas las formaciones políticas (PNV y PP votaron en contra), lo que podría ser un lastre para su rápida implantación. Además, y aunque la vivienda es competencia exclusiva de las autonomías, todo apunta a que el Gobierno central podría presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por algunos artículos.

Por ejemplo, la posibilidad de que se produzcan expropiaciones temporales del uso de pisos vacíos de la banca en situaciones extremas. Una medida que el Ejecutivo central ya ha recurrido en Andalucía.

 

 

Fuente: Idealista.com - 24/09/2015