La Torre de Bolueta, en Bilbao, el edificio Passivhaus más alto del
mundo, cuenta con 171 viviendas, 108 de ellas protegidas y 63 en
alquiler social.
EL MUNDO
Algunas administraciones, como el Ayuntamiento de Madrid, ya
impulsan acciones con las que ahorran energía y utilizan fuentes
renovables
Los inmuebles públicos, entre
ellos las viviendas sociales, deben cumplir las exigencias en
materia energética a partir de 2019, un año antes que el
resto
La revisión del Código Técnico de la Edificación (CTE), que
además de generalizar una nueva forma de construir en España,
incorporará, en la misma línea que otros países europeos, la
definición de edificio de consumo de energía casi nulo (EECN), con
parámetros mucho más exigentes que los actuales, pronto se
publicará.
Los promotores privados saben que, a partir del 31
de diciembre de 2020, todos los inmuebles nuevos que
construyan tendrán que estar sujetos a esas directrices. Unas
exigencias que vienen de Europa y que también implican a los
edificios nuevos que estén ocupados y sean de titularidad pública,
entre ellos, las viviendas sociales. Estas
construcciones deben dar cumplimiento a esos requerimientos
energéticos a partir del 31 de diciembre de este año.
Pero, ¿están preparadas las Administraciones Públicas? Según
Inés Leal, directora del Congreso Edificios Energía Casi Nula,
"las grandes ciudades están más
capacitadas para afrontar la implantación de los
edificios de consumo de energía casi nulo que los núcleos urbanos
más pequeños, que podrían tener más dificultad para conseguir esos
objetivos".
Aunque todavía no son muchos los proyectos
de vivienda pública social EECNconstruidos,
los edificios certificados bajo el estándar Passivhaus se han
convertido en el ejemplo más cercano de edificios de consumo de
energía casi nulo.
Adelina Uriarte, presidenta de la Plataforma de Edificación
Passivhaus (PEP), cree que las distintas administraciones tienen
capacidad para adecuarse a las directrices de la normativa europea
en esta materia. Es más, aclara que "aquellas
con mayor predisposición así lo han
hecho con anterioridad al plazo marcado".
Una de ellas es el Ayuntamiento de Madrid, que quiso dar ejemplo
y adelantarse a 2019. Así, en el Pleno Municipal de 25 de mayo de
2016, se adoptó por unanimidad un acuerdo en el que asume que todos
los edificios nuevos que se proyecten, e incluso aquellos
existentes en los que se tenga que ejecutar una ampliación o
rehabilitación integral, sean de energía
positiva.
"Este objetivo se materializa en el establecimiento de
una demanda energética media de
climatización de calefacción inferior a 20KW/h por
metro cuadrado/año y la fijada en el CTE para refrigeración, lo que
se llevará a cabo mediante un adecuado diseño constructivo y la
utilización de energías renovables», explica Pilar Pereda, asesora
del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento. Un plan
ambicioso que ya se está realizando en 1.203 viviendas repartidas
en promociones ubicadas en Puente de Vallecas, Villa
de Vallecas, Arganzuela, Latina y Carabanchel.
Gonzalo Fernández, director de Rehabilitación y Obra Nueva de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), confirma que
algunos proyectos que vienen de 2010 se han tenido que adaptar a la
nueva normativa del Ayuntamiento para conseguir reducir el consumo
energético. "Con todo", asegura, "la sensibilidad de
los promotores públicos en eficiencia energética es
incuestionable".
Formación
Al igual que ocurre en el sector privado, el mayor reto que
existe es el conocimiento de los EECN, una de las principales
barreras para la implantación de la alta eficiencia
energética en los inmuebles públicos. Precisamente, para
incidir en la formación y en la difusión de los EECN, durante 2017
y 2018 elAyuntamiento de Madrid ha puesto en
marcha siete convocatorias con distintos ciclos formativos
dirigidos a técnicos. Y no sólo con cursos enfocados a la obra
nueva, sino también a la rehabilitación de extrema eficiencia
energética en edificios municipales.
"Entre las unidades didácticas impartidas, los alumnos, en su
mayoría arquitectos, aparejadores, ingenieros, técnicos de medio
ambiente y urbanismo, y técnicos de gestión económica, pudieron
conocer fórmulas de financiación básicas y realizar una valoración
económica de las medidas que se han de adoptar,
de gran trascendencia para el Ayuntamiento",
recuerda Pedro Arconada, formador y director de la empresa de
ingeniería Zero Energy.
Además de Madrid, son numerosas las ciudades españolas que
podrían ser un modelo en la implantación de EECN, "aunque cada una
debe diseñar su propia estrategia desde su idiosincrasia,
necesidades y características climáticas",
sostiene Inés Leal. En este sentido, no existe un modelo único de
EECN, sino más bien objetivos comunes que se pueden alcanzar desde
muy diversas acciones.
En esta carrera por conseguir edificios públicos de alta
eficiencia energética, el Gobierno de
Navarra ha encontrado en el estándar Passivhaus la
respuesta ante la vaga definición de EECN. Además de Navarra de
Suelo y Vivienda (Nasuvinsa), también Vivienda y Suelo de Euskadi
(Visesa), el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Burgos han incorporado el Passivhaus en los pliegos
de condiciones de sus licitaciones durante 2017.
Sin duda, Navarra es, a través de
Nasuvinsa, una de las autonomías donde más se ha apostado
por viviendas sociales de alta eficiencia energética. En la
actualidad, han puesto en marcha el programa Navarra Social
Housing, que prevé la construcción de 542 viviendas para alquiler
social siguiendo los parámetros del Passivhaus.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financia la
mitad de los 80 millones de euros que supone el Plan
de Vivienda de Alquiler, y que contempla la construcción del que se
convertirá en el primer edificio de vivienda pública que se
construye bajo este estándar en la Comunidad Foral, con 42
viviendas protegidas y localizado en Mutilva.
Aragón es otra de las autonomías que más
apuesta por el Passivhaus. En su Plan de Inversiones en Vivienda
(2018-2023), Zaragoza Vivienda incluye la construcción de 308 casas
para alquiler social. Un Plan que también recibirá la financiación
del BEI, que aporta la mitad de los 71,5 millones de
euros. El Gobierno de Aragón también recogerá con su nueva
Ley de Vivienda regional las exigencias prestacionales del
estándar.
Otro ejemplo parte del Gobierno Vasco que, a través de Visesa,
ha impulsado la construcción del edificio Passivhaus más alto del
mundo, la primera Torre de Bolueta, que sitúa
a su comunidad como una de las puntas de lanza del estándar en
España, con 171 viviendas, de las cuales 108 son protegidas y 63 en
alquiler social. Para Germán Velázquez, socio de VArquitectos,
estudio encargado de este proyecto, "el País Vasco está siguiendo
una línea similar a Navarra, donde es rara
la licitación de servicios de
arquitectura que no contemple la ejecución como
ECCN". Velázquez añade: «Fuera de estas comunidades, en cambio,
sólo se encuentran casos aislados, algo que, sin duda, va a cambiar
en muy poco tiempo».
Financiación y costes
En cuanto a la financiación, las experiencias sobre vivienda
pública ya realizadas en España están demostrando que los EECN son
viables económicamente. De hecho, según Velázquez, un edificio
público se puede hacer de consumo de energía casi nulo
con el mismo presupuesto. Y lo razona: "La
normativa actual exige muchas cuestiones que ya no supondrán un
extra para construir ECCN; la clave está en la
redacción de un buen proyecto para poder hacer que
las ratios euros por metro cuadrado sean equivalentes a las de un
edificio convencional". Según su experiencia, el coste medio por
metro cuadrado está en torno a 650/750 euros en un edificio público
convencional, frente a los 700/800
euros que supone construir un EECN.
El compromiso de las administraciones no se limita a este tipo
de actualizaciones para mejorar el confort de las viviendas
públicas. Así, el Instituto Catalán del Suelo
(Incasol), dependiente de la Generalitat, está trabajando
en un estudio que trata no sólo de analizar la situación actual de
la producción estándar de viviendas públicas respecto a los
criterios establecidos en la certificación ambiental
Breeam, sino también de definir el incremento de coste que
supondría.
El precio medio por metro cuadrado construido de los inmuebles
públicos está alrededor de 850 euros. "Los criterios que hay que
añadir a la producción actual para obtener
una certificación Breeam Edificación Muy
bueno, que es muy alta para una promoción de viviendas,
supondría incrementar este coste entre un 2% y un
3%", reconoce Gonçal Marqués, director de Proyectos de
Incasol.
Sea como fuere a las Administraciones Públicas se les acaba el
plazo. ¿Cumplirán sus deberes a partir de 2019? Mientras que para
algunos expertos, como Emilio Linzoain, de ATEC Aparejadores y
precursor del primer edificio residencial EECN de protección en
Europa, situado en Pamplona, depende totalmente de la
localización, "ya que la no definición por parte de las
comunidades de qué es un edificio de consumo de energía casi nulo
hace que los diferentes organismos
públicos no den el paso definitivo para apostar por
ellos", otros, como Inés Leal, directora del Congreso de Edificios
Energía Casi Nula, defienden que "España va por
el buen camino y se cumplirán los plazos
marcados".