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A la hora de actualizar la renta del alquiler: ¿Qué índice es mejor utilizar, el IPC o el IGC?

Propietario e inquilino tienen libertad para pactar el índice por el que van a revisar el precio anual del alquiler. El Gobierno ha cambiado la ley para que este tipo de contratos no sufra los vaivenes de la economía y desde el pasado 1 de abril aplica el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), más estable, en caso de no haber acuerdo explícito. Sin embargo, los expertos confirman que el Índice de Precios de Consumo (IPC) sigue siendo la principal referencia para revisar las rentas.

Con los cambios emprendidos por el Gobierno, el mercado del alquiler vive una de sus mayores reformas de los últimos años. La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, suprime para los alquileres de vivienda la actualización de la renta por imperativo legal y la aplicación del IPC como índice de referencia para dar paso al Índice de Garantía de la Competitividad (IGC).

La Ley de desindexación modifica a su vez el artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que afecta al mecanismo de actualización de las rentas de alquiler. Desde el pasado 1 de abril, las nuevas rentas se revisarán cuando se cumpla el año de vigencia del contrato.

El primer aspecto a tener en cuenta tras la modificación es que el contrato tiene que especificar el punto por el que propietario e inquilino pactan actualizar la renta anual. En caso de que no aparezca nada en el contrato, se dará por hecho que no hay ningún incremento anual del precio del alquiler.

Una vez que se establezca la actualización de la renta en el acuerdo, pueden ocurrir dos cosas: que ambas partes decidan además el índice de referencia que se aplicará, ya sea IPC, IGC, euríbor, PIB u otro índice que las partes estimen, o que no quede estipulado sobre qué valor se actualizará la renta. En este caso es cuando se usará por defecto el Índice de Garantía de Competitividad (IGC).

 

El IGC mantendrá la estabilidad sobre las rentas del alquiler

Este Índice de Garantía de la Competitividad se calcula a partir del dato corregido del IPC armonizado de la eurozona. Es decir, la media del IPC de todos los países que tienen el euro como moneda oficial pero corregido para ajustar la pérdida de competitividad de España desde 1999. Se encuentra limitado entre el 0% y el objetivo de inflación de la eurozona, que decide el Banco Central Europeo (BCE), y que actualmente es del 2%

Así, si la tasa de variación se sitúa por debajo del 0%, se tomará este valor como referencia, nunca en negativo, lo que equivaldría a la aplicación de la regla de no revisión.

Si, por el contrario, la tasa de variación de este índice superase el objetivo del 2% del BCE, se tomará este 2% como referencia. De esta forma, se asegura que los contratos a los que se aplique este índice contribuyan a garantizar el mantenimiento de la competitividad de la economía en el medio plazo.

El último Índice de Garantía de la Competitividad publicado el 17 de agosto confirma que entre junio de 2014 y junio de 2015 la variación fue negativa, el -3,05%. La revisión de un alquiler de vivienda basado en el IGC no sufriría esa variación, ya que se aplicaría la regla de no revisión y quedaría en el 0%.

 

Aparece el IGC pero el IPC seguirá como principal referencias

Para algunos expertos inmobiliarios, la llegada del IGC al mercado del alquiler no va a afectar a las relaciones entre propietario e inquilino. "Por puro continuismo se va a continuar aplicando el IPC, a pesar de que en la actualidad exista plena libertad para optar por el mecanismo de actualización que se quiera", afirma Pelayo de Salvador, del despacho de abogados deSalvador Real Estate Lawyers.

Pese a la entrada en vigor de la Ley de desindexación, el experto Rafael González, de Inmoabogados, también prevé que en los nuevos contratos a medio plazo se va a continuar aplicando el IPC. "Algo parecido a lo que ya ocurrió en 1985 con el Decreto Boyer, que derogaba el régimen de prórroga obligatoria a favor del inquilino. En aquel momento se siguieron utilizando durante años modelos de contratos que preveían dicha prórroga obligatoria por mera continuidad de las partes. Ahora, se seguirán utilizando modelos de contratos con cláusulas de actualización referidas al IPC incluso tras la reforma".

Además, elegir entre el IPC o el IGC prácticamente no tiene gran trascendencia para los actuales contratos de alquiler de vivienda habitual, ya que la duración mínima se ha reducido de cinco a tres años. "Con los cambios en la duración de los contratos, el mecanismo de actualización carece de sentido. El arrendador puede negociar un nuevo precio a partir de los tres años, adecuándose a los precios de mercado. Además, hay  que tener en cuenta que el IPC no es un índice que refleje adecuadamente las variaciones de precios del mercado del alquiler" comenta Pelayo de Salvador. 

Una vez cumplidos los tres años de duración mínima del contrato, el casero puede dar por terminado el contrato o prorrogarlo pero con una actualización del precio independientemente del IPC o del IGC.

Los expertos concluyen en que la diferencia entre uno u otro índice será más trascendente para los contratos de arrendamiento a largo plazo, más centrados en alquileres de oficinas y naves industriales que en viviendas. Aquí elegir entre el IPC o el IGC puede suponer una diferencia importante en las rentas a percibir.

 

Fuente: Idealista.com - 18/08/2015